SANTO DOMINGO.- La abogada Stephany Rosario, especialista en Compras y Contrataciones, advirtió sobre la violación de los plazos y derechos a suplidores de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

Rosario explicó que en el complejo entramado de las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, la garantía de los derechos de los proveedores se erige como pilar fundamental. Sin embargo, comentó que este principio es constantemente vulnerado por la negligencia institucional, especialmente en lo concerniente a los plazos establecidos para la resolución de reclamaciones e impugnaciones.

¨La Ley 340-06, en su Artículo 67, deja claro el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones o impugnaciones por parte de los proveedores. Se establece un plazo de diez días para que el recurrente formalice su impugnación ante la entidad contratante, la cual, a su vez, tiene quince días para dar respuesta. Este marco legal parece claro y conciso, pero en la práctica, se desvanece ante la inoperancia de las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento¨, detalla.

Además, la especialista indicó que el problema radica en el uso del silencio administrativo por parte de las instituciones contratantes o en la emisión de respuestas tardías y arbitrarias. ¨Ante esta situación, el proveedor se ve obligado a elevar un recurso jerárquico ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, organismo encargado de supervisar y regular este ámbito. Sin embargo, aquí es donde la situación se torna aún más problemática¨.

La especialista en Compras y Contrataciones, puntualizó que la ley establece un plazo máximo de quince días calendario para que la Dirección General de Compras emita una respuesta ante el recurso jerárquico interpuesto.

¨No obstante, la realidad es que estos plazos se dilatan de manera alarmante, llegando en ocasiones a extenderse hasta un año. Este desfase temporal no solo constituye una afrenta a los derechos de los proveedores, sino que también genera un ambiente propicio para la impunidad institucional¨, señaló.

Asimismo, dijo que las consecuencias de esta irresponsabilidad son múltiples y profundas. En primer lugar, se vulnera el derecho de los proveedores a una pronta y justa resolución de sus reclamaciones. Esta dilación injustificada puede tener repercusiones económicas devastadoras para los proveedores, quienes muchas veces dependen de los ingresos derivados de los contratos públicos para mantener su operatividad.