MIAMI.-Un excomandante de la policía haitiana que encabezó el golpe de estado en su país en 2004 y que más tarde fue electo para un escaño en el Senado, está próximo a salir de la cárcel de Estados Unidos, donde paga una condena por embolsarse más de 1 millón de dólares de traficantes de cocaína colombianos, y ser deportado a Haití.
Guy Philippe fue capturado en enero de 2017 a poco más de un mes de ser elegido como senador del departamento de Grande Anse (suroeste de Haití) y después de ser perseguido por más de 10 años las autoridades estadounidenses.
Arrestado, Philippe llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales en Miami, pero eso no lo detuvo a intentar en varias ocasiones para reducir su sentencia de nueve años mientras se representaba a sí mismo antes y durante la era de la pandemia, según recoge el Miami Herald.
El hombre, de 55 años, tenía programada su salida de una prisión federal en Atlanta para luego ser transferido a la custodia de inmigración de Estados Unidos, y finalmente ser deportado a territorio haitiano, en medio de una crisis sistémica acentuada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y la violencia de las pandillas.
El medio estadounidense resalta las preocupaciones que provoca el regreso de Philippe a territorio haitiano mientras los Estados Unidos y la comunidad internacional tratan de estabilizar la situación de seguridad en el país caribeño.
«No estoy lo suficientemente cerca de la situación como para comentar sobre los hechos, pero este parece un momento particularmente malo para agregar gasolina a un incendio furioso», dijo Jim Foley, un diplomático retirado que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Haití entre 2003 y 2005, tiempo durante el cual Philippe encabezó un sangriento golpe contra el entonces presidente en funciones, Jean Bertrand Aristide.
Antes de su liberación, Philippe presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares basadas en lo que él llama «una historia de persecuciones que había enfrentado anteriormente en Haití y el temor de futuros hostigamientos; amenazas y daños irreparables, a causa de sus opiniones y expresiones políticas».
«El Sr. Philippe solicita a la Comisión que haga un llamamiento activo al Gobierno de Haití para que le proporcione la seguridad adecuada para proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; adoptar las medidas necesarias para que pueda llevar a cabo sus actividades sin ser objeto de actos de violencia, intimidaciones, amenazas o cualquier tipo de hostigamiento en el ejercicio de su vida diaria», reza la petición y a la que tuvo acceso el Miami Herald.
El órgano de la OEA conformado por siete miembros aún no se ha pronunciado a la solicitud presentada por Philippe, afirmando que Haití no ha respondido su pedido del 17 de noviembre de 2022 de más información sobre el caso.
De acuerdo con el medio estadounidense, Philippe ha pasado el tiempo en la prisión federal publicando notas de voz en las que califica su arresto el 5 de enero de 2017 como un «secuestro» y su extradición ese mismo día a Estados Unidos como «ilegal» y «políticamente motivada».
Philippe se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero en abril de 2017, esto le permitió evitar un juicio por un cargo de tráfico más grave que lo podría haber enviado a prisión por el resto de su vida. Sin embargo, enfrentó hasta 20 años por la condena por blanqueo de efectivo, llegando a recibir menos de la mitad de ese tiempo.
La sentencia de Philippe culminó una investigación federal sobre narcotráfico, lavado de dinero y corrupción en los niveles más altos del gobierno de Haití que comenzó en la década de 2000 «cuando la isla de La Española, se convirtió en un notorio centro para el envío de cocaína sudamericana a los Estados Unidos», recuerda el medio.
En dicha investigación, el presidente Aristide, derrocado en 2004 por una revuelta armada liderada por Philippe, también había sido señalado por un gran jurado federal de Miami por aceptar sobornos provenientes del narcotráfico, pero nunca se presentaron cargos en su contra.
La sentencia que recibió Philippe fue el resultado de un acuerdo que se hizo inevitable después de que la jueza de distrito Cecilia Altonaga se negara a desestimar el caso basado en el reclamo de inmunidad del acusado por haber sido electo como senador en Haití. Altonaga también reprendió, en ese momento, al gobierno federal por no esforzarse más para arrestar a Philippe desde que fue acusado en 2005.
Una investigación difícil
El Gobierno de Estados Unidos se basó en testigos cooperantes involucrados en el tráfico de drogas o la protección en Haití para resolver estos casos. Esto, sumado a la ausencia de incautaciones de cocaína, hizo más difícil resolverlos.
