Por José Cáceres
Santo Domingo. El abogado Rafael Mena aseguró que el tema de Senasa se pudo observar claramente que hubo un “desprecio total” hacia los más pobres” cuando se sustrajeron fondos públicos para defraudar al Estado, de acuerdo al Ministerio Público, al tiempo que aseguró que las instituciones públicas “son bien débiles” en la República Dominicana y dijo que el presidente Luis Abinader confió en ellos y cree que habrá consecuencias severas.
Al tiempo, que cayó “muy mal en la población” que un abogado de la comisión que recaudaba fondos del Estado, hoy haya renunciado para defender a uno de los acusados del caso Senasa, según el Ministerio Público.
Sobre el caso de la explosión de San Cristóbal de agosto de 2023, el doctor Roberto Oscar Faxas reveló que ha sometido 120 demandas en cuatro bloques sobre el caso de la exposición en San Cristóbal donde murieron decenas de personas y el Tribunal Superior Administrativo en el primer bloque no le dio ganancia de causa alegando que no se atacó el informe de los bomberos.
Sin embargo, aunque no la reconocieron, buscaron expertos en la materia y atacaron el informe que evacuaron los bomberos y descubrieron muchas falencias del mismo.
Denunció que amparado en la Ley de información pública solicitó al Cuerpo de Bomberos una copia certificada del informe de la exposición, más los elementos de pruebas en que se basaron y le indicaron que en los archivos de esa entidad no había ningún tipo de documentación, incluso, el director técnico que firmó el informe, ahora niega la existencia del mismo.
Exclamó que el Ministerio Público de San Cristóbal cometió una serie de falencias en el caso, ya que no levantó ningún tipo de pruebas, no fue al lugar de los hechos, no levantó ninguna osamenta humana y que en esos días se llevaron 1,200 toneladas y la llevaron al vertedero.
“Los derechos humanos de San Cristóbal apoderó la Procuraduría General de la República del caso para actúe”, dijo.
Y abundó: “Lo único que queremos con nativo de San Cristóbal es que la verdad se diga y se esclarezca cada caso, ya que hubo un manejo pésimo de los elementos de prueba del caso de la exposición de San Cristóbal y otros casos similares”.
El Dr. Rafael Mena
Afirmó que lo que se busca es un recurso contencioso administrativo que tiene como finalidad una demanda patrimonial y civil contra el Estado dominicano (el local es del Ayuntamiento de San Cristóbal, de la empresa Rilco y Obras Públicas).
Manifestó que hay una cadena de secuencia que se ve bien claro: el dueño del local era el Ayuntamiento local, este a su vez, se la concesiona al Ministerio de Obras Publicas, Obras Públicas hizo una licitación que ganó la empresa Rilco.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo un grupo de abogados, se masificó el caso y para que se haga justicia el expediente debe quedar en manos de los abogados de San Cristóbal”, añadió.
Dijo que cuando las autoridades comenzaron a buscar los culpables, se vio que se estaban encubriendo a los verdaderos responsables, por eso hay que buscar los responsables para que responda por los daños causados.
“De las 125 demandas, se dividieron en varios grupos desde febrero de 2024, el primer fallo salió en marzo y para sorpresa de todos, los jueces les dieron con la pistola de mito”, recalcó Mena.
La quinta sala del Tribunal Superior Administrativo les indicó que el informe de los Bomberos no señala que las personas que están demandando tuvieron algún tipo de implicación de lo que allí se detonó, que no tenía nada que lo contrastara y por eso el informe era válido.
Comentó que en el recurso de apelación se desnaturalizaron los hechos, uno de ello es que la empresa Vidal Plas tenía más de cuatro meses que no operaba en ese lugar y el propio juzgado admite que hubo exposición en aquel espacio.
Afirmó Mena que tienen pruebas visuales y de fotos donde se ven equipos pesados de Obras Públicas trabajando en el lugar, así como de la empresa Rilco y del propio Ayuntamiento, antes y después de la exposición.
Manifestó que en el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el juez Vásquez Goico, casó la sentencia y envió el caso a la primera sala y dijo lo siguiente; “ustedes los jueces debieron valorar la prueba en su contexto y se pudo ver que no se tomaron en cuenta las certificaciones y los contratos de esas empresas no se encontraba laborando y lo que debieron atender los otros medios de prueba de quienes eran los titulares.
Reveló que tuvo un caso y demandó al Ministerio de Medio Ambiente y la quinta sala, lo que le negó en la casación del tema de la exposición, se lo reconocieron todos en los de Medio Ambiente y fueron más lejos pusieron un atriente, que no solicitó, en una franca contradicción
Adujo que faltan otros casos y como ya la Suprema Corte de Justicia trazó la pauta, espera que no haya sorpresas.
