Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) afirmó que el mercado automotriz internacional se ha visto afectado por incrementos de precios, producto de la introducción de nuevas tecnologías, la escasez y el déficit en la fabricación de microchips, así como la proliferación de nuevos modelos (eléctricos e híbridos), lo que ha alterado el funcionamiento del mercado y las preferencias de los consumidores.

Manifestó que a eso se ha sumado la incertidumbre de la aplicación de posibles “aranceles recíprocos” a vehículos destinados a Estados Unidos y que estos cambios se reflejan en el mercado doméstico, con la introducción masiva de modelos de fabricación china que crean una competencia de precios con las unidades tradicionales de combustión interna, adquiridas en condiciones de seminuevas en las subastas en esa nación, Japón y Corea.

Esas informaciones surgieron en el marco de una Asamblea General encabezada por su presidente, César De los Santos, con la participación de la Junta Directiva Nacional y las filiales de las regiones Norte y Este. El objetivo era consultar a los miembros para analizar y plantear posibles soluciones que permitan enfrentar los problemas más apremiantes que afectan a la industria automotriz a nivel internacional y la comercialización de vehículos en el mercado local, al transcurrir el primer semestre del presente año.

ANADIVE, como organización pionera en el sector automotriz desde 1986, agrupa a cerca de 400 empresas distribuidoras minoristas que comercializan unidades nuevas y usadas. Impulsa acciones a favor de sus miembros para revisar y mejorar los procedimientos, cumplir con las normas y requisitos legales, agilizar y transparentar el negocio de vehículos, así como garantizar excelentes servicios a los clientes.

En la mencionada Asamblea se presentó un informe de gestión de la actual directiva con el objetivo de ilustrar los trabajos realizados en favor del sector. Este informe incluye las acciones dirigidas a la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Congreso Nacional, las alcaldías y otras dependencias gubernamentales que afectan las operaciones y la comercialización del rubro de vehículos de motor y remolques.

En cuanto a las importaciones, la entidad expresó que mantuvo un seguimiento estricto del comportamiento de las estadísticas y de la aplicación de la valoración aduanera, así como de la obtención de las exenciones provenientes del tratado DR-CAFTA, para unidades de fabricación de origen norteamericano.

Indica que los miembros de las asociaciones tuvieron un comportamiento normal y que los particulares incrementaron su participación porcentual en las importaciones, contribuyendo a crear una competencia desleal al disminuir los precios frente al sector organizado, ya que no pagan local, no cuentan con empleados y no pagan impuestos sobre la renta.

Con relación a los procedimientos seguidos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que son los más difíciles, engorrosos y complejos de llevar a cabo por la membresía de la Asociación, se hizo un valeroso esfuerzo para proporcionar una adecuada orientación a los afiliados, a fin de cumplir con las normas y reglamentaciones vigentes.

Específicamente, la Norma 03-25 establece las reglas para la formalización de los traspasos de propiedad de vehículos nuevos y usados, así como el procedimiento alternativo para recibir unidades a cuenta a nombre de las empresas. Esta norma establece el valor recibido y el valor posterior de venta, permitiendo pagar el 18% de ITBIS sobre el beneficio, es decir, sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de la unidad recibida.

Asimismo, se comentó sobre la Norma 06-22, la cual regula la aplicación de la Exigibilidad de la Constancia Fehaciente de Pago para transparentar las operaciones.

Además, la demora en obtener la Primera Placa y sustituir la Placa Provisional (PP), que permite la identificación vehicular temporal dentro del territorio nacional y la posibilidad de circular en la vía pública por un período de noventa (90) días.

Adicionalmente, se recordó que esta disposición genera recargos en la DGII al exceder el periodo de vigencia de la placa PP, lo que causa molestias a los conductores que se desplazan en los vehículos.