SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro personas arrestadas ayer jueves por estafa electrónica y lavado de activos durante varios allanamientos realizados en la continuación de la Operación Guepardo.
La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
En la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, el Ministerio Público solicita la imposición de la medida de privativa de libertad y que el caso sea declarado de tramitación compleja. Ahora, se está a la espera de que el tribunal fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana en las acciones contra la red cuentan con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional.
Como parte de las acciones ayer se llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, en la provincia La Altagracia, contra los miembros de la red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes en asociación de malhechores afectaron a cientos de víctimas, recibiendo un beneficio de más de 18 millones de dólares, con la falsa promesa de construcción de apartamentos a bajo costo.
Durante el operativo fueron arrestados los cuatro imputados. Loana Paola Guerrero Milián en Punta Cana y Javier Gustavo Ulloa Bueno en San Cristóbal, mientras que Astrid Inmaculada Rydelis Bello en el Distrito Nacional y Samayra del Rosario Barreto en La Romana.
Además, se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos, así como documentación societaria relacionada con el delito investigado y prendas de alto valor.
Estas nuevas acciones contra redes del crimen organizado se ejecutan como parte del plan institucional puesto en marcha por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y las labores desarrolladas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho.
Las autoridades reafirmaron que trabajan a favor de las víctimas identificadas en la Operación Guepardo y su compromiso como órgano persecutor de llevar ante los tribunales de la República a todos los involucrados en esta estructura criminal y trabajar para recuperar los activos.
Los procuradores fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, están a cargo de la investigación.
El expediente detalla que los integrantes de la red crearon una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, con fines de la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida y en la que cualquier persona pudiera sentir confianza, por su alto nivel de credibilidad, sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red.
Por su vinculación al caso guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, mientras que Loany Lismeiry Oritz Nova, fue arrestada en Colombia al momento de intentar cruzar Venezuela y se encuentra detenida desde febrero de 2025, hasta tanto se conozca su proceso de extradición.
