Por: José Francisco Peña Guaba 

Durante gran parte de mi vida me consideré un hombre de centroizquierda. Mi formación política y humana estuvo profundamente marcada por el pensamiento y el ejemplo de mi padre, José Francisco Peña Gómez, quien defendió el socialismo democrático como una doctrina de libertad, justicia social, solidaridad y protección de las grandes mayorías nacionales.

Continúo creyendo en los principios esenciales de ese socialismo democrático. Creo que el Estado no puede permanecer indiferente frente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Creo en un Estado social y democrático de derecho que garantice educación, salud, seguridad, vivienda, empleo digno y oportunidades para todos, especialmente para quienes nacen y viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Pero la experiencia también me ha llevado a comprender que esa sensibilidad social debe encontrarse con determinados principios conservadores, nacionales y comunitarios que hoy resultan indispensables para construir sociedades estables, productivas y moralmente responsables.

De esa reflexión nace el IZQUIEREDECISMO:

El izquieredecismo no pretende negar el socialismo democrático ni renunciar a su compromiso histórico con los trabajadores, los pobres y las clases medias. Busca actualizarlo y complementarlo con una visión que valore la eficiencia del Estado, la iniciativa individual, el emprendimiento, la familia, la responsabilidad ciudadana, la soberanía nacional y la participación del sector privado en la generación de riqueza y empleo.

No puede existir una verdadera justicia social si el Estado es ineficiente, burocrático, clientelista o incapaz de administrar correctamente los recursos públicos. Un Estado grande no es necesariamente un Estado fuerte. El Estado verdaderamente fuerte es el que cumple sus funciones, establece reglas claras, combate la corrupción, garantiza servicios públicos de calidad y responde con eficacia a las necesidades de sus ciudadanos.

El izquieredecismo propone, por tanto, un Estado socialmente protector, institucionalmente fuerte y administrativamente eficiente. No debe sustituir innecesariamente a la iniciativa privada, pero tampoco puede abandonar a la sociedad a las fuerzas del mercado ni permitir que los intereses económicos particulares estén por encima del interés nacional.

El sector privado debe ser reconocido como un aliado fundamental del desarrollo. Las empresas producen, innovan, generan empleos, pagan impuestos y movilizan la economía. Sin inversión privada y sin seguridad jurídica no puede existir crecimiento sostenible. Pero la riqueza también debe cumplir una función social, respetar los derechos laborales, contribuir al desarrollo de las comunidades y actuar dentro de normas que protejan el interés colectivo.

Junto con el fortalecimiento del sector privado, debemos ofrecer un apoyo decidido al emprendimiento. Cada joven, mujer, trabajador, profesional o pequeño productor que quiere iniciar un negocio debe encontrar acompañamiento, capacitación, tecnología, financiamiento y condiciones para progresar. Una nación no puede limitarse a formar personas para buscar empleos; también debe prepararlas para crearlos.

El emprendimiento democratiza la economía porque permite que la capacidad de producir riqueza no quede concentrada en unas pocas manos. Por eso, el acceso al crédito, la formalización simplificada, la educación financiera, la innovación tecnológica y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas deben ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Ahora bien, reconocer la importancia del sector privado no significa entregar al mercado el destino de la nación. El Estado debe conservar su capacidad de regulación, supervisión y control en las áreas estratégicas para la soberanía, la seguridad y el bienestar colectivo. Los servicios públicos esenciales no pueden organizarse exclusivamente alrededor del lucro. El agua, la energía, la salud, la educación, las comunicaciones esenciales, las infraestructuras críticas y los recursos naturales deben responder prioritariamente al interés nacional.

El izquieredecismo también sostiene que cada pueblo, con el apoyo de su gobierno, debe avanzar hacia una auténtica autonomía alimentaria. Esto no significa aislarse del mundo ni pretender producir absolutamente todo, sino garantizar la capacidad nacional de alimentar a la población y reducir las dependencias que puedan poner en riesgo nuestra seguridad.

Un país que no puede alimentar a su pueblo es un país vulnerable. Por eso debemos proteger a nuestros productores, modernizar el campo, asegurar el acceso al agua, incorporar tecnología, facilitar el financiamiento agropecuario, mejorar las cadenas de comercialización y crear reservas estratégicas para responder ante guerras, pandemias, crisis económicas o interrupciones del comercio internacional.

La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto la fragilidad de un mundo excesivamente dependiente de las cadenas globales de suministro. Incluso países con grandes recursos económicos encontraron dificultades para proteger oportunamente a toda su población. Esa experiencia demostró que el dinero y la riqueza acumulada no bastan cuando una nación carece de capacidad productiva, planificación estratégica y sistemas públicos preparados para enfrentar las emergencias.

La globalización prometió prosperidad compartida, pero una parte considerable de sus beneficios terminó concentrándose en las grandes corporaciones y en el capital financiero internacional. Mientras las ganancias se globalizaron, muchos empleos desaparecieron, numerosas comunidades productivas se debilitaron y los riesgos fueron trasladados a los ciudadanos.

No propongo rechazar el comercio internacional ni la cooperación entre los pueblos. Propongo una globalización más humana, equilibrada y respetuosa de la soberanía. Los gobiernos tienen el deber moral de proteger primero a sus ciudadanos, promover la producción nacional y evitar que los intereses de las élites corporativas se impongan sobre las necesidades de la mayoría.

Creo en la libertad, pero en la libertad con responsabilidad, no en el libertinaje. La verdadera libertad no consiste en actuar como si nuestras decisiones no tuvieran consecuencias para los demás. Toda sociedad necesita derechos, pero también deberes; necesita autonomía individual, pero igualmente responsabilidad familiar, comunitaria y nacional.

Defiendo la vida, la familia, los valores cristianos, la libertad de conciencia y el derecho de los padres a participar activamente en la formación moral de sus hijos. Creo que toda persona, sin excepción, debe ser respetada en su dignidad y protegida frente a la violencia y la discriminación. Pero ese respeto no obliga a la sociedad a aceptar la imposición de una determinada agenda ideológica ni a renunciar a sus convicciones religiosas, culturales y familiares.

Las instituciones públicas deben garantizar la convivencia y los derechos de todos, sin convertir una visión particular de la sexualidad, la identidad o la cultura en pensamiento obligatorio. La democracia exige respeto recíproco: respeto a las minorías, pero también respeto a las convicciones legítimas de las mayorías.

El auge de distintos movimientos de derecha no puede explicarse únicamente como un retroceso político. En muchos casos expresa el descontento de ciudadanos responsables que trabajan, pagan impuestos, sostienen a sus familias, cumplen la ley y sienten que sus valores ya no son escuchados por las élites políticas y culturales.

Una parte importante de la población no se siente representada por una política que relativiza la familia, debilita el sentido de autoridad, menosprecia la fe o pretende clasificar como atrasada toda opinión que no coincida con los postulados de la llamada agenda woke. Ignorar esas preocupaciones solo aumenta la distancia entre los ciudadanos y las instituciones.

Vivimos, además, en lo que se ha denominado una sociedad líquida: una sociedad en la que las relaciones, las identidades y los compromisos se vuelven cada vez más frágiles y cambiantes. Las redes sociales nos conectan tecnológicamente, pero no siempre nos unen humanamente. Con frecuencia fomentan la superficialidad, la confrontación, el aislamiento y la necesidad permanente de aprobación.

El individualismo se ha convertido en norma y el sentido comunitario parece ser la excepción. Se habla constantemente de derechos personales, pero cada vez menos de deberes colectivos. Frente a esa realidad, el izquieredecismo propone reconstruir la comunidad, fortalecer la familia, recuperar el valor de la palabra, promover la solidaridad entre generaciones y devolverle sentido ético a la política.

El izquieredecismo también reconoce el derecho de los Estados a controlar sus fronteras, regular la inmigración y proteger su integridad territorial. Toda persona migrante debe ser tratada con humanidad y respeto a sus derechos fundamentales, pero ninguna nación está obligada a renunciar a su soberanía ni a permitir flujos migratorios que sobrepasen su capacidad económica, institucional o territorial. Una política migratoria seria debe combinar humanidad, legalidad, orden y defensa del interés nacional.

Esta nueva tesis se apoya en varios principios inseparables: justicia social, libertad con responsabilidad, defensa de la vida, fortalecimiento de la familia, eficiencia del Estado, impulso al emprendimiento, colaboración con el sector privado, protección de las áreas estratégicas, autonomía alimentaria, seguridad ciudadana, soberanía nacional, respeto a la fe, solidaridad comunitaria y defensa de la democracia.

El izquieredecismo no pretende colocarse tímidamente en el centro ni repartir sus posiciones de manera matemática entre la izquierda y la derecha. Aspira a construir una identidad política propia. Es social en su compromiso con los más necesitados; democrática en su defensa de las libertades; conservadora en la protección de los valores; moderna en su visión económica; comunitaria en su concepción de la sociedad, y soberanista en la defensa de la nación.

La persona y el bien común deben ser el centro de todas las políticas públicas. La economía debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía. El crecimiento debe convertirse en bienestar; la libertad, en responsabilidad; la autoridad, en servicio; y el poder político, en instrumento para mejorar la vida de la gente.

El IZQUIEREDECISMO es, en definitiva, una tesis que busca contribuir a la desaparición progresiva de las barreras del sectarismo ideológico. No debemos seguir rechazando una propuesta beneficiosa simplemente porque provenga de la izquierda o de la derecha. Las ideas deben evaluarse por su capacidad para servir a la población, fortalecer a la nación y elevar la dignidad humana.

Ha llegado el momento de superar las etiquetas que dividen, los dogmas que paralizan y los extremismos que impiden construir consensos nacionales. Ha llegado el momento de que entren a gobernarnos quienes creen verdaderamente en el bien común: personas capaces de unir justicia social con responsabilidad, progreso con valores, libertad con orden, iniciativa privada con solidaridad y soberanía con cooperación.

Ese es el propósito del izquieredecismo: gobernar para la gente, proteger a la nación y colocar nuevamente el bien común por encima de los intereses particulares, las modas ideológicas y las divisiones del pasado.