Por José Cáceres
SANTO DOMINGO. El doctor Harold Modesto, catedrático universitario y presidente del Observatorio Judicial de la Fundación Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), consideró que cuando entre el nuevo código penal, la República Dominicana deberá reeducar a sus principales actores como son la Policía, los fiscales, jueces y defensores públicos para aplicar la nueva norma; al tiempo que aseguró que debe revisarse el artículo 310 que habla sobre las amenazas realizadas en privado contra los funcionarios públicos.
Sus juicios los emitió al ser entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa “De Entero Crédito” por RNN, Canal 27, que se transmite de lunes a viernes a las ocho de la noche.
Indicó que, aunque el país ya tiene un nuevo código penal que entrará en vigencia dentro de un año, luego de ser revisado, los actores para atacar la delincuencia con los mismos agentes de la Policía Nacional, los fiscales y los jueces, si estos mantienen los mismos patrones de conductas de esas tres instancias, no importa que haya un nueva ley.
“Esos tres actores son los que deciden quien es delincuente y quien no, mientras no perfeccionemos esos mecanismos seleccionadores, se aplican el nuevo código con los mismos policías, fiscales y jueces, hay que trabajar en que se regrese la confianza de ellos hacia la ciudadanía”, recalcó.
Sobre el artículo 310 del nuevo Código Penal, promulgado el pasado domingo por el presidente Luis Abinader, tipifica hacer palabras o amenazas realizadas en privado contra los funcionarios públicos, adujo que puede notarse que hay algunos errores de taxatividad en la redacción de ese artículo en referencia, que puede ser revisado en el futuro cercano.
Ese artículo define el ultraje como “el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer estos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público”.
Esa forma de “ultraje” será sancionada con 15 días a un año de prisión menor y multa de dos a tres veces el salario que perciba, al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido su víctima.
Modesto expuso que el Tribunal Constitucional tendrá que revisar el tema del ultraje, en el vigente código, se refiere al ejercicio de las funciones de un ministerio público, un juez en el estrado o un legislador en su foro.
“Me parece que es una extensión de la difamación e injuria, bastan en el aspecto judicial, ya basta con eso, lo veo que es muy abierto”, insistió el director del Observatorio Judicial Dominicano de FUNGLODE.
Sobre el cúmulo de penas
Comentó sobre el cúmulo de la pena en el código que entrará en vigencia dentro de un año, afirmó que hay contradicciones en cuanto en el país, entre lo que dice la ley y lo que se vive en los recintos carcelarios.
“No hay forma de evaluar una reforma mientras la reforma está incompleta y tenemos ejemplo de sobra sobre eso”, añadió Harol.
Narró que no se puede pensar en reeducar a los internos teniendo los recintos carcelarios como el de la Victoria o el 15 de azua por mencionar dos. Y abundó: “Creo que este momento se está desaprovechando porque se está enfocando en el código y no completar la reforma del código procesal penal”, acotó.
“No existe en el país un estudio real que nos indiquen cual es la pena idónea para aplicar una pena sobre un derecho, no importa la cantidad de la pena si no hay condiciones para que ese reo pueda cumplirlo en los recintos”, subrayó.
Dijo que el máximo de la pena es de 40 años, pero con el cúmulo de penas graves podríamos llegar a 60 años, no creo que ese cúmulo de 60 años será ideal para que un interno se reintegre a la sociedad.
Opinó que ahora este código tiene la oportunidad de resolver el problema de la falta de información sobre la cuestión penal, sobre los menores de edad, cuanto cometen travesuras dicen que hay que aumentarles las penas, pero nadie sabe por qué.
El doctor Harol proclamó que este nuevo código tendrá la oportunidad de provocar la transversalidad la discusión penal sobre términos científicos. “Pongo un ejemplo sobre los feminicidios en el país, en el pasado código no estaba tipificado, ahora si, ahora dice que el homicidio se produce por ser mujer, aquí habrá que traer psiquiatras para que descifren si esos feminicidios se ocurrirán por el hecho de ser mujer, como se describe.
Arguyó que ahora con este nuevo código el país tendrá la oportunidad de hacer investigaciones científicas, aunque sabe que cuesta mucho dinero, trabajar con los hombres que cometen esos hechos y están vivos para que expliquen con expertos de la psiquiatría, la psicología, de la ciencia jurídica y aportarlos a los feminicidios como tipo penal para que los jueces tengan una guía más completar para abordar esos temas.
Recalcó que el tratadista Raúl Zafarroni está en contra de la violencia contra la mujer y que nadie sale a asesinar a nadie por ser mujer.
Aseguró el doctor Harol Modesto que también los jueces, fiscales, los defensores públicos, “todos tendremos que reeducarnos, pero eso debe abarcar a toda la sociedad dominicana, porque hay patrones sobre la tecnología y lo cibernético, que se cree que puede hacer lo que crea”.
Manifestó que el primer código promulgado fue en el 2014, el cual fue declarado inconstitucional, mientras que ahora este código es más fácil de entender, solo hay que leer los primeros 30 artículos, cualquier persona que desee entenderlo, solo debe auscultarlo.
Sostuvo que ahora se incorporan derechos fundamentales que no lo tenía el anterior como son los principios fundaméntales, los derechos humanos, la persecución, los principios del derecho, la clasificación de las penas, penas leves, graves y muy graves.
“Lo primero que debemos destacar es que ahora se facilita el diálogo social sobre la cuestión penal y facilita la enseñanza en las aulas”, dijo el doctor Harold.
Afirmó que aún cuando se discuten temas sobre las denuncias a funcionarios sobre supuestas malos manejos y muchos de éstos entonces se defienden de que están violando sus derechos, por eso el legislador escucha a las partes y dentro de su racionalidad, trata de atacar lo prohibido.
Mientras que el ciudadano ataca, a través de las libertades públicas y la ley de expresión, hace atacando la corrupción donde cree que hay funcionarios que no actúan bien y hacen sus denuncias a las malas prácticas.
Explicó que ahí entra en juego el Tribunal Constitucional, es la mejor herramienta que tiene el país, que ya tiene más de 15 años de labor donde ha establecido importantes jurisprudencias sólida, que en este año que tiene el nuevo Código Penal para hacer correcciones para su perfección.
“La ley penal es imperfecta, y se perfecciona con imposición del juez y la intervención de las partes, como dice el tratadista del derecho, Francesco Carnelutti”, añadió.
Sostuvo que no cree que el Tribunal Constitucional pueda hacer muchas cosas en este primer año, por ser un año de formativo del nuevo código, por eso habrá que esperar que entre en vigencia, y ver su desarrollo.
