Por José Cáceres
SANTO DOMINGO.-Dentro de la querella interpuesta por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison presentada el pasado viernes contra la empresa Dekolor S.R.L, su presidente y gerente general Rogelio y Sandra Oruña, por intento de soborno a empleados de esa institución, especifica de manera detallada la forma de cómo recibía los ofrecimientos de sobornos de parte de los querellados.
La denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y presentamos en detalles algunas de las proposiciones ilegales en contra del Estado.
Las conductas detalladas constituyen actos tipos de soborno a funcionarios públicos, conforme a la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, en particular en los artículos 3,5,6 y 8. Esa norma tipifica como delito de todo ofrecimiento, promesa o entrega de dávidas, beneficios o ventajas de cualquier naturaleza a un funcionario público nacional o extranjero, con el fin de influir indebidamente en la realización u omisión de un acto propio de sus funciones.
En el presente caso, el señor Rogelio Ramón Oruña Aguilar realizó de manera directa dos propuestas de soborno al Director Ejecutivo del INTRANT, señor Milton Teófilo Morrison Ramírez, con la intención manifiesta de obtener ventajas contractuales ilícitas a favor de la empresa de Dekolor, S.R.L.
En la primera propuesta, ofreció al Director pagos iniciales de treinta millones de pesos dominicanos (30.000.000.00, sumados a pagos mensuales de dos millones de pesos, durante un período de 24 meses, como contrapartida por la firma de una adenda que prorrogara el contrato vigente entre Dakolor y el INTRANT.
En la segunda propuesta, también realizaba de forma personal y directa, ofreció un millón de pesos dominicanos, (1.000.000.00), en efectivo como pago inicial, más tres millones de pesos dominicanos, (3,000.000.00), mensuales durante la vigencia del nuevo contrato a cambio de que se modificaran los términos de referencia del proceso de licitación pública en curso, con el fin de favorecer a su empresa.
Esas propuestas fueron presentadas luego de dos ofrecimientos indirectos similares, formulados respectivamente por Bolivar Batista Taveras y George Virgilio Ortiz Reyna, quienes transmitieron ofertas en nombres de Rogelio Oruña, fungiendo como intermediarios o emisarios con la finalidad de persuadir ilícitamente al Director Ejecutivo del INTRANT.
La reiteración de los ofrecimientos, la magnitud de los montos involucrados, el propósito claramente orientado a manipular decisiones administrativas vinculadas a la contratación pública y e el contexto de presión institucional documentado, configuran todos los elementos materiales exigidos por la ley número448-06 para la configuración del tipo penal de soborno activo.
Se señala que en el presente caso, la conducta de los imputados configura una asociación de malechores, en tanto que actuaron de manera organizada, coordinada y con reparto funcional de roles con el propósito común de obtener, por medios ilícitos, una decisión administrativa favorable a la empresa Dakolor, S.R.L, en violación del orden jurídico vigente.
En esa estructura criminal operó en varios frentes: Rogelio Oruña, como autor principal y promotor de esquemas, diseño y ejecutó personalmente las propuestas de soborno.
Sandra Oruña, en su condición de Gerente General de Dakolor, mantenía una posición de autoridad operativa que no solo le permitía conocer la dinámica delictiva, sino que le atribuía un rol directivo en el mantenimiento del esquema de presión e influencia legal.
Dekolor, según su registro mercantil, tiene como socios a OML Inversiones, SRL., bajo la representación de José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y a la Fundación RG5 representada por Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Ambos son socios a partes iguales, cada uno con 300,000 cuotas sociales de la empresa, según acta de la asamblea de enero de este 2023
Se recuerda que Intrant también se querelló contra la empresa Transcore LATAM, cuyo propietario JOCHY GÓMEZ tiene medida de coerción en el caso Camaleón, bajo la acusación de atentar contra la red semafórica del Gran Santo Domingo, entre otros presuntos crímenes y delitos, por lo cual guardó prisión en la cárcel de Najayo.
