Santo Domingo,- El Poder Ejecutivo emitió un decreto que declara de emergencia nacional las compras y contrataciones para «la gestión, recolección, transporte y disposición final» de los residuos sólidos en el Distrito Nacional.
Inmediatamente el abogado Juli Cury calificó como inconstitucional el decreto 213-2025 emitido este martes por el presidente Luis Abinader, porque desconoce el contenido esencial de la autonomía política y funcional que a los entes locales les confieren la Constitución y la Ley 176-07 de Municipios.
LO QUE DICE EL DECRETO
El referido decreto brinda facultades para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) realice procesos de compras y contrataciones en ese sentido, validados en la excepción de prevenir una “inminente crisis sanitaria” que se generaría por la acumulación de basura.
“Se declaran de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras para la gestión, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos del Distrito Nacional, como prevención a la inminente crisis sanitaria que se generaría en caso de no realizarse la contratación de manera oportuna”, señala el primer articulo del decreto.
En el artículo tres de la pieza, se instruye que los procedimientos de contratación por excepción de emergencia se harán “conforme a los principios de legalidad, transparencia y razonabilidad, a las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y la normativa vigente en materia de contrataciones públicas”.
Añade que serán gestionados en todas sus etapas a través del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones que administra la Dirección General de Contrataciones Públicas, mientras que, en el cuarto, indica que ese ayuntamiento deberá rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
Este necesita estar contenido dentro de 15 días calendarios una vez satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia, ordenando a difundirlo en el portal del cabildo y el sistema antes citado.
La declaratoria de emergencia en el proceso de manejo de los residuos sólidos se encontrará vigente en un tiempo no mayor a 60 días calendarios, iniciando a partir de la fecha de emisión.
La ordenanza presidencial está disponible en el portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y fue firmado el 16 de abril de 2025, aunque no ha sido publicada en el apartado correspondiente en la página de Presidencia ni tampoco fue comunicado a los medios de comunicación como regularmente se hace.
Sus considerandos
La pieza fue firmada con base a cinco considerandos, iniciando con que el artículo 61 de la Constitución “reconoce como derecho fundamental el acceso a la salud integral, lo cual impone al Estado la responsabilidad de adoptar medidas inmediatas”.
Otras de las motivaciones es prevenir la crisis sanitaria que se generaría por la acumulación de residuos sólidos en la ciudad y la proliferación de vectores de enfermedades resultante de esta en caso de no garantizarse la continuidad del servicio de recogida, transporte y disposición final.
Por tanto, según se lee, es indispensable un procedimiento de declaratoria de emergencia nacional a fin de lograr una contratación oportuna.
Los fundamentos legales se extienden a lo versado en el párrafo del artículo 6 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, que en los casos de excepción dispone “las actividades que por razones de seguridad o emergencia nacional pudieran afectar el interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación mediante decreto”.
En tanto que su reglamento de aplicación (416-23) establece que el procedimiento de excepción por emergencia nacional se utilizará para atender y dar respuesta a circunstancias, acontecimientos graves e inminentes que son imposibles de evitar y afectan o pudieran afectar a todas las personas, el interés público, vidas o la economía del país.
La facultad dada a la administración local, acorde a los considerandos, parte de que es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes.
“La basura no se barre debajo de un decreto”
El regidor del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jorge Feliz Pacheco, manifestó en una publicación de redes sociales que “la basura no se barre debajo de un decreto”.
Su postura ante excepción en las compras, le lleva a pronunciar que “el oficialismo lleva 8 años, 9 meses y 4 días gobernando la ciudad de Santo Domingo, y ahora nos hablan de “emergencia nacional” como medida de prevención ante una crisis sanitaria”.
Sin embargo, considera que “es la consecuencia de haber postergado decisiones importantes durante demasiado tiempo”, y que en lo adelante “desde el Concejo de Regidores, y como parte de nuestro trabajo, fiscalizaremos los procesos de compras y contrataciones que se realicen en el marco del decreto 213-25”.
Finaliza su crítica indicando que “la capital requiere voluntad para pasar de la crisis de los residuos a una solución sostenible y rentable”.
VERSIÓN DE JULIO CURY
En la opinión del jurista Julio Cury, el decreto 213-25 que autorizó al Ayuntamiento del Distrito Nacional comprar bienes y contratar servicios bajo la excepción de emergencia nacional para el manejo de residuos sólidos, desconoce el contenido esencial de la autonomía política y funcional que a los entes locales les confieren la Constitución y la Ley 176-07 de Municipios.
A través de una nota de prensa, Cury expresó que, en virtud de dicha autonomía y a partir de la entrada en vigor de la Constitución del 2010, la capacidad de autogobierno del Distrito Nacional, los municipios y distritos municipales, no puede ser objeto de intromisiones ni obstáculos por parte de ningún órgano u organismo del Poder Ejecutivo.
“El Ayuntamiento del Distrito Nacional no está adscrito ni subordinado jerárquicamente al presidente de la República, pues la autonomía que constitucionalmente se le ha reconocido supone que todas sus competencias públicas deben concretarse por medio de sus dos órganos: alcaldía y concejo de regidores”, señaló.
Agregó que, en casos de urgencia y emergencia, el artículo 6, numeral 3, de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, dispone que los organismos de la Administración Central se acogerán a la declaratoria que, vía decreto, dicte el presidente de la República.
No obstante, en cuanto a los entes locales y órganos extrapoder, a quien le corresponde declararla es a su máxima autoridad ejecutiva mediante resolución.
Cury entiende que el decreto 213-25, firmado por el presidente Luis Abinader, subvierte el orden constitucional y le vuelve peligrosamente la espalda a la doctrina que, en torno a la autonomía funcional de los entes municipales como personas jurídicas de Derecho Público, ha reiterado el Tribunal Constitucional.
“Lo que haga el Ayuntamiento del Distrito Nacional con base en ese decreto, pudiera comportar consecuencias judiciales, pues las políticas, estrategias y objetivos de cada ayuntamiento deben ser ejecutadas con independencia de toda autoridad, incluida la Presidencia de la República”, apuntó.
¿Qué dice el decreto?
El decreto 213-25 declara de emergencia nacional las compras y contrataciones para «la gestión, recolección, transporte y disposición final» de los residuos sólidos en el Distrito Nacional
El referido decreto brinda facultades para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) realice procesos de compras y contrataciones en ese sentido, validados en la excepción de prevenir una “inminente crisis sanitaria” que se generaría por la acumulación de basura.
