Por Rafael -Pepe- Abreu, PRESIDENTE DE CNUS

Para este importante sector de la sociedad, que invierte buscando maximizar ganancias, compite entre sí y tiene gran diversidad, hay un punto que siempre los ha unido: su interés por disminuir los derechos, conquistas y avances de su clase contrapuesta, que son los trabajadores. La existencia de uno es correlativa a la existencia del otro. Sin embargo, no debemos ser injustos y debemos reconocer que en ese complejo mundo empresarial también hay quienes entienden que es necesario proteger los derechos de quienes les sirven; después de todo, han progresado y se han enriquecido marchando juntos y poniendo en ejecución, en sus diversos ángulos, el talento creativo de que son portadores.

Desde el año 2001 ha habido toda una campaña para disminuir el pago de las prestaciones laborales, identificando a los empresarios como la principal figura de la Cesantía Laboral. Con el paso del tiempo, los sectores que insistieron en modificar la cesantía entendieron que la sociedad sentía molestia ante un enfoque que evidentemente reducía derechos. Por ello, sometieron una nueva variable: plantearon que el tema del Código Laboral no solo es la cesantía, sino que este instrumento, a 33 años de vigencia, necesita lo que denominan un proceso de modernización.

A solicitud de estos grupos, el presidente Danilo Medina, al asumir el poder, instauró un proceso de diálogo que se extendió prácticamente por sus ocho años de gobierno.

Debe decirse que, a raíz de la creación del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (actual IDOPPRIL), se intentó derivar el pago de las prestaciones laborales desde las empresas hacia la institución encargada de los riesgos. Ante el rechazo que generó entre los trabajadores una propuesta semejante, el presidente Danilo Medina la retiró del Congreso, conservándose la cesantía laboral en su estado actual.

Al arribar al poder el presidente Luis Abinader, se abrió a petición de los empresarios el diálogo sobre la Reforma Laboral. Dos años y más de cien reuniones después, puede afirmarse que este ha sido el proceso donde más se ha avanzado.

Sin embargo, volvemos al título que encabeza este artículo y afirmamos que los empresarios están a punto de repetir la historia. Paso a demostrarlo:

El 26 de agosto de 2024, el presidente Luis Abinader convocó a las partes reunidas y nos planteó que procedería a someter el Código con los artículos consensuados, y que los no consensuados serían parte de otra reforma. Así se anunció al país, con todos los actores presentes, y el 10 de octubre se depositó en el Congreso Nacional.

Qué traman ahora nuestros distinguidos empresarios? Pues pretenden dilatar el proceso, tratando de reeditar en la Cámara de Diputados el tripartismo que ya por 13 años agotó su etapa, y con fines inconfesables envían grupos por turnos de manera continua para causar un efecto distractor que solo persigue una cosa: que la pieza perima nuevamente, como ya ocurrió antes en ese hemiciclo. Aunque el presidente de la República dijo claramente que la cesantía no fue enviada al Congreso porque no hubo consenso —y aunque dos ministros de Trabajo de este gobierno, Luis Miguel De Camps y Eddy Olivares, han reiterado lo mismo—, y pese a que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la mayoría de sus integrantes se ha pronunciado en igual sentido, los empresarios insisten en tocar la cesantía por vías como la preaviso (TREINTE), la dimisión o el despido por causa justificada. Es decir, no importa que hayamos cedido en lo procesal, que se haya creado la figura del juez conciliador o que se haya flexibilizado la jornada laboral: para los empresarios, nada es suficiente.

En tal sentido, proponemos una vez más que la reforma sea retirada y que el Código se quede tal como está. No queremos que en el Congreso —integrado por legisladores que en su mayoría poseen gran preparación política, asesoría técnica y formación profesional— caigan en la trampa de los empresarios, quienes plantean una medida que dejaría la reforma sobre la mesa sin cerrarla definitivamente, con el fin de continuar su estrategia y  esperar una coyuntura política más favorable.

Es bueno preguntar qué quiere decir “más favorable”. No somos ingenuos: sabemos que lo ligan al financiamiento de campaña y, por eso, pedimos estar alerta. Tengamos en cuenta que las navidades, etapa en la que nos encontramos, suelen distraer a la población; pero con este tema no ocurre así. Ya se está coordinando para enero una Asamblea Consultiva que tomará resoluciones dirigidas, básicamente, a identificar a aquellos pocos legisladores que, de una u otra forma, han estado haciéndole el juego al sector empresarial, incluso irrespetando a sus propios líderes.

Porque hay que decirlo: fuera del comportamiento ejemplar que en este caso ha tenido el presidente Abinader, los tres principales líderes políticos del país —Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina— ninguno ha instruido a sus representantes para respaldar las
maniobras de ciertos sectores empresariales.