Santo Domingo.– El secretario general de la Fuerza del Pueblo expresó su rechazo al reciente anuncio de aumento en la tarifa del servicio de agua potable por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), al considerar que se trata de una medida injusta, inoportuna y socialmente insensible, que afecta directamente a miles de familias del Gran Santo Domingo.

“El agua potable es un derecho fundamental y un servicio público esencial. No puede ser tratada como una mercancía ni utilizada como mecanismo de ajuste financiero en perjuicio de la población”, afirmó el dirigente político.

El secretario general señaló que este aumento se anuncia en un contexto marcado por el alto costo de la vida, el encarecimiento de los servicios básicos y la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares, lo que convierte esta decisión en una carga adicional para los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Antes de pensar en aumentar tarifas, la CAASD y el gobierno deben concentrarse en mejorar la gestión, reducir las pérdidas, invertir en infraestructura, combatir el despilfarro y garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad”, subrayó.

Florián también cuestionó la falta de información clara y de un proceso de consulta pública previo a la adopción de esta medida, lo que refleja una preocupante desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la ciudadanía. Al mismo tiempo, hizo un llamado al gobierno a reconsiderar este aumento, abrir un espacio de diálogo con los sectores sociales y comunitarios y asumir una política hídrica que garantice un acceso justo, equitativo y sostenible al agua potable.

En ese mismo orden se expresó, mediante un comunicado, el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política de la FP y titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la entidad, quien recordó que durante todo el año 2025 comunidades del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo denunciaron de manera persistente la falta de agua potable continua, la extrema irregularidad del suministro y la imposibilidad de planificar la vida cotidiana en función de un servicio básico que, en muchos casos, llega apenas una vez al mes o desaparece por completo durante semanas.

Estas quejas se han registrado en sectores como Ciudad Juan Bosch, Mendoza, Los Mina, Villa Liberación, Los Tres Brazos, La Ureña, Cancino Adentro, Sabana Perdida, Villa Mella, Guaricanos, Pantoja, Herrera, Buenos Aires de Herrera, Los Alcarrizos, La Venta, El Condado, La Ceiba, el kilómetro 13 de la autopista Duarte, Proyecto Cristal y Los Hidalgos, entre muchos otros del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con Otáñez, resulta inaceptable que, frente a esta realidad ampliamente conocida, la CAASD opte por incrementar el costo del metro cúbico de agua, trasladando a la población el peso de ineficiencias estructurales que no son responsabilidad de los usuarios. Consideró aún más grave que esta decisión se adopte sin que previamente se haya producido una mejora tangible en los niveles de calidad, cantidad y continuidad del servicio, condiciones mínimas que deben regir la prestación de un servicio público esencial.

El experto en agua y saneamiento sostuvo que, antes de plantear cualquier aumento tarifario, la CAASD debe revisar de manera profunda y transparente su estructura interna de gastos, en particular sus elevados gastos administrativos y una nómina abultada que es ampliamente percibida por la ciudadanía como resultado de prácticas de clientelismo político. “No es justo ni sostenible pretender cubrir ineficiencias internas aumentando el costo de vida de una población que ya enfrenta serias dificultades económicas”, puntualizó.

Asimismo, en nombre de la FP advirtió que la cobertura de micromedición en el Gran Santo Domingo continúa siendo ínfima e insuficiente. La mayoría de los usuarios carece de medidores funcionales, lo que convierte en quimérica cualquier proyección de facturación basada en consumo real para amplios sectores de la ciudad. En estas condiciones, hablar de cobro por metro cúbico resulta, en la práctica, una ficción administrativa que no se corresponde con la realidad del sistema ni con la experiencia cotidiana de los usuarios.

Reiteró que no puede existir justicia tarifaria sin un servicio confiable y medible. Incrementar tarifas en un sistema con baja micromedición, graves fallas operativas y profundas desigualdades territoriales equivale a institucionalizar la inequidad en el acceso al agua potable.