Puerto Príncipe (Prensa Latina.-  Haití culmina un año extremadamente violento con casi cuatro mil asesinatos y unos tres mil secuestros, pues grupos armados controlan las tres cuartas partes de su capital mientras las fuerzas políticas parecen omitir las cifras y rechazan alcanzar un acuerdo.

Como si fuera poco, más del 42 por ciento de su población necesita asistencia humanitaria y hasta el 40 por ciento sufre de inseguridad alimentaria grave, según datos de organismos internacionales.

En este contexto las mujeres, niños y ancianos son las principales víctimas, cientos de miles de personas tuvieron que huir de sus hogares para refugiarse en sitios precarios y otros cientos de miles abandonaron el país tanto por programas regulares migratorios como el impulsado este año por Estados Unidos, así como por emprender peligrosos viajes a través de rutas irregulares.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD

Solo de enero a octubre la violencia desatada por las pandillas dejó tres mil 960 muertos, mil 432 heridos y dos mil 951 víctimas de secuestros, de acuerdo con un estremecedor informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La mayoría de las víctimas residían en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en el departamento Artibonite, el mayor granero del país, donde la violencia y las acciones de las bandas alcanzaron cifras sin precedentes.

«La situación en Haití es catastrófica. Seguimos recibiendo informes de asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y otros tipos de violencia, incluso en hospitales», lamentó a finales de noviembre Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Además, las pandillas utilizan la agresión sexual como un método de amedrentamiento a la población, afectando especialmente a menores y mujeres, de acuerdo con documentos del organismo regional.

En octubre el experto independiente de la ONU en Derechos Humanos William Oâ€ÖNeill calificó de dramática la situación de los niños y jóvenes que, además, no cuentan con acceso a la sanidad, agua potable y alimentos, mientras que tienen grandes obstáculos para asistir a las escuelas.

Oâ€ÖNeill lamentó que muchos niños sufren de emaciación, «la forma más mortal de malnutrición», y alrededor de medio millón de jóvenes no tienen acceso a la educación, lo cual hace que algunos de ellos sean reclutados por las pandillas ante la falta de oportunidades o el miedo a represalias.

Por su parte, plataformas locales como la Organización de Ciudadanos por un Nuevo Haití denunciaron que de junio a noviembre un total de 317 personas sufrieron violencia sexual, entre ellas, 75 mujeres de entre 26 y 35 años, otras 30 de entre 19 y 25 años, 156 de 30 a 50, 55 de más de 51 y una niña de tres.

Con el aumento de la violencia y la ampliación de las áreas controladas por los grupos armados, las mujeres y las niñas de Haití están cada vez más desprotegidas.

A mediados de este año la organización de defensa de las féminas Nÿgÿs Mawon denunció que 652 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en cuatro barrios de Puerto Príncipe, entre mayo de 2022 y marzo de 2023.

Noventa de las víctimas contrajeron enfermedades de transmisión sexual y nueve fueron asesinadas, lamentó el colectivo.

BARRIOS VULNERABLES

Mientras las pandillas tienen cada vez mayor control y organización, barrios otrora considerados seguros como Carrefour Feuilles, Solino, Tabarre, Petion Ville o zonas de Delmas se unieron a la cada vez más larga lista de zonas bajo la influencia de grupos armados, propiciando el éxodo descontrolado.

De marzo a mayo los enfrentamientos por el control de Marlique, Meyotte y otras zonas de Peguy Ville dejaron cientos de fallecidos y desplazados internos.

Según datos de la Oficina Nacional de Migraciones, 146 mil 584 tuvieron que abandonar sus viviendas en tan solo un año, de ellos, 10 mil 150 ocupan 31 escuelas públicas, privadas, así como edificios estatales.

También durante el segundo trimestre de 2023 emergieron los grupos de defensa barrial que ejecutaron a presuntos miembros de pandillas y permitieron recuperar áreas donde las bandas fueron incapaces de asentarse.

Más de 300 supuestos pandilleros murieron como consecuencia de las ejecuciones extraoficiales, mientras expertos alertan que las brigadas de autodefensa podrían ser el inicio de nuevas pandillas.

CRISIS POLÍTICA

Enero debutó con el final de los mandatos de los 13 senadores que aún continuaban en activo y el cierre factual del Parlamento, el cual desde 2020 había perdido a todos sus diputados y a dos tercios de los legisladores de la Cámara Alta, por lo que se encontraba disfuncional.

Con su clausura Haití perdió uno de los tres poderes estatales, mientras la justicia apenas funciona y el ejecutivo está liderado por un primer ministro que no recibió la aprobación de la Asamblea Nacional.

Todo ello cuando la gestión de Ariel Henry es cuestionada ante la violencia sin precedentes que sufre Haití, lo cual provocó que los opositores pidan su renuncia para establecer un nuevo Gobierno de transición capaz de estabilizar el país.

La Comunidad del Caribe se comprometió a inicios de este año a mediar en la crisis política y uno de sus miembros, Jamaica, acogió una cumbre que reunió a más de 50 actores políticos de Haití en Kingston a mediados de este año y nombró a varios ex primeros ministros de la región como parte del Grupo de Eminentes Personalidades (GEP).

Sin embargo, las cuatro visitas del GEP a Puerto Príncipe no permitieron alcanzar un consenso y, en cambio, las posturas de los políticos se radicalizaron desde mediados de año.

Para partidos opositores como Comprometidos con el Cambio, Tet Kale o los firmantes del Acuerdo Montana, el primer ministro debe dejar el poder el 7 de febrero, cuando se cumple el término del consenso alcanzado por el Gobierno y sus aliados, y que fue publicado en el diario Le Monitor.

Organizaciones sociales que señalaron, por su parte, la responsabilidad de la comunidad internacional en la profunda crisis del país caribeño, se muestran escépticos de una solución impuesta sin tomar en cuenta los verdaderos problemas nacionales.

Mientras los políticos continúan sus discusiones sin resultados concretos, la influencia de las pandillas es cada vez mayor en esta capital, donde controlan más del 80 por ciento del territorio según un informe de Naciones Unidas, así como amplias zonas del departamento Artibonite y otras provincias, y la crisis económica se agrava junto al éxodo de cientos de miles de personas.

El aumento de la violencia, el hambre y de los desplazados internos dibuja un futuro incierto para una nación asolada además por los desastres naturales y donde el cólera cobró en poco más de un año un millar de vidas.

La prometida misión para el apoyo a la Policía, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y que se espera arribe al país a partir de febrero, podría constituir un rayo de esperanza para algunos, pero no está exenta de críticas, en especial por el recuerdo de experiencias similares a las cuales también responsabilizan por la crisis actual en Haití.